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El Tribunal Constitucional no aprobó las dos impugnaciones presentadas desde el Parlamento contra la Ley de Pesca, aprobada en ambas Cámaras. Con ello se retoma el proceso para su próxima promulgación.

El recurso presentado por diez senadores denunció las irregularidades de la normativa al no consultar a los pueblos indígenas, tal como lo establece el convenio 169 de la OIT que el Estado suscribió.

En tanto, 50 diputados de oposición firmaron un recurso que impugna duración y aspectos del sistema de licitaciones, y rechaza cuotas a pescadores artesanales.

El proceso contempló una última instancia relevante para presentar las críticas al proyecto de ley. El pasado 9 de enero, el máximo tribunal escuchó 18 audiencias públicas, donde parlamentarios, agrupaciones de pesca artesanal y representantes indígenas presentaron sus objeciones al proyecto de ley.

El fallo apunta que “las pretendidas infracciones constitucionales adolecen de una evidente generalidad e imprecisión que, sumada a la falta de una conexión clara con los textos impugnados y a la circunstancia de que aparecen mezcladas o dependientes del cuestionamiento principal, esto es, del incumplimiento de normas del Convenio 169, no logran articular un razonamiento constitucional consistente que alcance a configurar una real cuestión de constitucionalidad”.

El abogado Patricio Zapata, quien defendió los recursos del Parlamento, destacó que el fallo establece soberanía de los recursos, y no reconoce derechos de propiedad industrial, lo que permitiría una nueva modificación en el Congreso.